¿QUÉ ES EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS?

En este post os explicamos detalladamente ¿qué es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados?. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un tributo de naturaleza indirecta, que grava:

-las transmisiones patrimoniales onerosas.

-las operaciones societarias.

-los actos jurídicos documentados.

 

Este tributo está regulado por la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre.

 

En esta ocasión nos centraremos en los actos jurídicos documentados, que pueden ser:

-notariales.

-mercantiles.

-administrativos.

La competencia para la gestión y recaudación de este tributo está cedido a las Comunidades Autónomas, que anualmente ingresan unos 8.000 millones de euros por este concepto.

 

¿Por qué es tan importante este tributo?

En España, la mayoría de adquisiciones de inmuebles (incluida la vivienda habitual) se hace previa concesión de préstamo (por parte de una entidad financiera con garantía hipotecaria, y para la constitución de una hipoteca nuestra normativa obliga a la elevación del documento a escritura pública ante notario, sin la realización de este trámite no “nace la hipoteca”. La cuestión es que como hemos dicho anteriormente, los documentos notariales están afectos por este tributo.

Como hemos comentado, la gestión y recaudación de este gravamen está cedido a las comunidades autónomas, por lo que la cuantía total a pagar varía en función del territorio donde se realice la hipoteca.

Este tributo se calcula sobre la responsabilidad hipotecaria total de la operación a realizar en concreto, que contempla como parámetros los intereses de demora, los hipotéticos costes del proceso de impago de las cuotas del préstamo, y otro conjunto pormenorizado de gastos.

El problema es que la estimación de estos costes los realiza la entidad financiera que va a convertirse en prestamista, por lo que no repara en la optimización en la realización de esta operación, lo cual apareja un incremento de en torno al 60 por ciento sobre el préstamo efectivamente concedido.

En este tributo, hay una parte fija y otra variable.

La parte fija es la menos importante porque su cuantía sobre el total es relativamente baja, la clave es la variable, ya que ahí cada Comunidad Autónoma establece el tipo correspondiente que va desde el 0,5 al 1,5 por ciento sobre la base imponible que es la responsabilidad hipotecaria total fijada por la entidad financiera en cuestión.

Es cierto que existe un elenco de reducciones y exenciones de los tipos a aplicar, a pesar de lo cual la cuantía total a abonar en concepto de este tributo es extremadamente alta.

Por tanto, resulta especialmente trascendente la determinación del obligado a la satisfacción de la deuda tributaria generada. Hasta finales de este año, era la parte que recibía el préstamo al entenderse la interesada en la celebración del acto, la obligada al pago. Pero esto cambia tras una reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, que entiende que la parte realmente interesada en la elevación de la escritura a documento público de la hipoteca es el prestamista (entidad financiera), ya que como hemos explicado para el nacimiento del contrato de hipoteca es requisito obligatorio la elevación de la escritura a documento público ante notario y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad competente en función de la ubicación del inmueble.

 

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